Una declaración de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales luego de que relacionara los hoteles “all inclusive” con una supuesta imposibilidad de que los mexicanos accedan a las playas.

Durante una sesión, la ministra expresó su inconformidad con este modelo turístico al señalar: “No me gusta que las playas de los hoteles sean all inclusive y no puedan entrar mexicanos”, una afirmación que rápidamente se viralizó y dio pie a críticas y bromas por parte de usuarios y comentaristas.
Sin embargo, el término “all inclusive” o “todo incluido” hace referencia a un esquema de hospedaje en el que alimentos, bebidas y algunos servicios están contemplados dentro del precio de la estancia, y no guarda relación con restricciones de acceso por nacionalidad.
La polémica también reavivó una discusión más amplia sobre el acceso a las playas en México. Aunque la legislación establece que las playas son bienes nacionales y de uso público, en distintos destinos turísticos han surgido controversias por las dificultades para acceder a ellas debido a desarrollos privados o accesos limitados.

Especialistas del sector turístico han señalado que el modelo “todo incluido” es una de las modalidades más populares en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta, y representa una importante fuente de ingresos para la industria hotelera y el turismo nacional e internacional.
Más allá de las reacciones en redes sociales, la declaración de la ministra puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de distinguir entre los modelos de operación de la industria turística y el derecho de libre acceso a las playas mexicanas, dos temas que, aunque suelen cruzarse en el debate público, no son equivalentes.
La conversación generada en torno al tema también evidenció cómo una frase puede abrir un debate más amplio sobre el turismo, la propiedad pública de las costas y la relación entre los desarrollos hoteleros y las comunidades locales.
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