Con el objetivo de plantear y dar a conocer el incremento en las atribuciones de Sectur en la recaudación de cuotas y contribuciones en los Estados y la Ciudad de México en el ámbito turístico, con base a las adiciones a los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo, pero sin la presencia del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET.
Este organismo, compartió los acuerdos que la Secretaría de Turismo unilateralmente alcanzó en esta materia, so pretexto – expuso-, para lograr con ello una mayor colaboración y partición en conjunto las autoridades migratorias y hacendarias, entre otras autoridades federales y estatales.
Lo que según Sectur implicará que se establezcan y fortalezcan los mecanismos de colaboración y coordinación para verificar el cumplimiento en el pago de diversas contribuciones locales, entre ellas el impuesto al hospedaje, donde se utilizaría información procedente de la Unidad de Política Migratoria en cuanto a la llegada de visitantes internacionales, lo mismo que información que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo que este decreto destaca CNET:
«llevaría a una mayor revisión de las operaciones y la contabilidad de los establecimientos dedicados al hospedaje temporal, provocando mayores trámites y aclaraciones sobre los montos declarados y la posibilidad de algún tipo de auditoría para verificar el cabal cumplimiento de estas obligaciones«.
Sosteniendo que estas medidas: «Traerían la generación obligatoria de mayores costos administrativos para los hoteles, con un mayor impacto relativo en establecimientos más pequeños, que no cuentan con el personal y estructuras administrativas para atender la mayor demanda de información y requerimientos«.
Abriendo la puerta a posibles EXTORCIONES y CORRUPCIÓN por parte de determinado personal que lleve a cabo dichas revisiones. Por lo que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y los organismos empresariales han dado a conocer sus consideraciones:
- El sector empresarial turístico y el CNET, como organismo líder en la representación de la iniciativa privada del sector, siempre han estado a favor de que se cumpla la Ley y las obligaciones que en ellas se establecen, respecto al pago de cuotas y contribuciones.
- Manifestamos desconcierto de que esta reforma se haya realizado sin la concurrencia y participación del CNET y sus organizaciones asociadas, como siempre se había realizado.
- Hacemos un llamado a las autoridades a que los mecanismos de colaboración que se implementen no impliquen más trámites, más complicaciones, así como presiones e intromisiones en la operación de las empresas, que lleven a un mayor número de informes y declaraciones con los consecuentes costos de tiempo y recursos.
- Exigimos que antes de implementar las medidas de colaboración y coordinación se analice con el sector privado la factibilidad de su aplicación y cuáles serían las consecuencias en cuanto a mayores costos de administración.
- Que las inspecciones o intervenciones se realicen con transparencia y objetividad, para evitar posibles actos de extorsión y corrupción.
- Que exista la coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno, para evitar múltiples revisiones por parte de autoridades federales y locales, que impliquen atender solicitudes de diversas dependencias.
- Que los recursos de las cuotas y contribuciones se destinen a los fines y propósitos para los que fueron creados, entre ellos la promoción de los destinos, y no se desvíen a otros usos, como en diversas entidades de la República ha venido sucediendo. Para esto último, es necesario fortalecer las acciones de rendición de cuentas en el uso de estos recursos.
- Que se avance en lograr un piso parejo en el tratamiento y la operación de las plataformas de hospedaje, para que cumplan las mismas disposiciones legales y normativas que se aplican la industria hotelera formalmente establecida.
- El CNET, como organismo cúpula de representación empresarial del turismo, reitera la necesidad de mantener una comunicación permanente y constructiva con las autoridades del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo, a fin de asegurar que las condiciones en que opera el sector sean cada vez más competitivas y sustentables.
